¿Qué ocurrió con la tauromaquia en el Tribunal Constitucional?

Miércoles 30 de Noviembre de 2016
Comparte y dispara Facebook Twitter
¿Qué ocurrió con la tauromaquia en el Tribunal Constitucional?
Foto por Santiago Molina N.

El pasado 20 de octubre, el Tribunal Constitucional anulaba el art. 1 de la Ley 28/2010 que prohibía la celebración de corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Cataluña.

Esta decisión resolvía así el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el 28 de octubre de 2010 y daba la espalda a una ley de iniciativa popular que casi cuadriplicó los apoyos ciudadanos necesarios en la fase de recogida de firmas.

La ley anulada por parte del Tribunal Constitucional suponía una modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales de Cataluña. De esta forma el artículo, que versa sobre la “prohibición de peleas de animales y otras actividades”, incluía a los apartados ya existentes -en los que se prohibían las peleas de perros, las peleas de gallos, las matanzas públicas de animales, las atracciones giratorias con animales y el tiro al pichón- el apartado f) que quedaba redactado así:
f)“Se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras actividades (…) tales como los siguientes: Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo las fiestas con toros a que se refiere el apartado 2 [fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran.”

En la sentencia, el Tribunal Constitucional discute sobre dos cuestiones, que son en torno a las cuales se estructuró el recurso de inconstitucionalidad: ¿la ley catalana invade competencias estatales? ¿Y vulnera libertades y derechos fundamentales y otros derechos (principios) económicos y sociales?

En este sentido solamente responde a la primera cuestión, dado que, como contesta afirmativamente, no resulta necesario analizar la segunda.

La cuestión sobre la competencia la resuelve el Tribunal sosteniendo que, a pesar de que en virtud de competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma de Catalunya tiene en materia de espectáculos podría prohibir las corridas de toros por razones vinculadas a la protección animal, la prohibición de las corridas de toros impide el ejercicio por parte del Estado de la competencia de conservar una tradición cultural que ha sido considerada digna de protección por el legislador estatal. Aquí se refiere a la consideración de la tauromaquia como manifestación cultural en la exposición de motivos de la Ley 10/1991, la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural por la Ley 18/2013 y la regulación de la acción de salvaguardia que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial. La mencionada competencia estatal viene determinada por el art. 149.2 y se relaciona con el mandato del art. 46, que señala que “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”
Sin embargo, 3 de los 11 Magistrados que deciden sobre este asunto (hay una vacante desde el fallecimiento de Luis Ignacio Ortega), presentaron mediante votos particulares su discrepancia con la sentencia, que finalmente fue dictada porque los que se adscribían a la opinión manifestada en la misma, eran mayoría.

En este sentido, el Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos señala que “la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha optado por una solución que, (…) no ha ponderado debidamente (…) que la decisión autonómica impugnada (…) aspira a representar una toma de posición en favor de un sentir cultural que considera imperante en Cataluña respecto de la relación del ser humano con otros seres sensibles de su entorno.”

Esto es así dado que Xiol Ríos considera que existe en este caso “un conflicto entre, por un lado, una cultura emergente (…) de protección de los animales, que intenta abrirse camino conformando consensos para un cambio de paradigma de la relación del ser humano (…) con otros seres sensibles (…); y, por otro, una cultura apoyada por una sólida tradición, defensora de la tauromaquia como manifestación cultural y artística cuyo paradigma, desde una posición antropocéntrica, es la exaltación del valor, la estética, el raciocinio y la inteligencia como superior característica humana de control y dominación de la fuerza bruta animal.”

En este sentido sostiene que “una imposición de protección cultural de la tauromaquia en todas sus manifestaciones y en toda la extensión del territorio del Estado (…) no puede pretenderse prevalente (…) frente al reconocimiento de específicas competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña con incidencia directa en materia de espectáculos taurinos, como son las relativas a la protección de los animales.”

Por otro lado, en el voto particular de la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré se fundamenta su discrepancia con la argumentación jurídica de la sentencia en la medida en que “la norma estatal que protege la tauromaquia en general se puede cumplir de muchas formas [en la medida de que no impide la realización y el desarrollo del resto del amplísimo conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que componen la tauromaquia] y en ningún momento impone que se deban celebrar corridas de toros en todo el territorio del Estado.”

En conclusión, aunque parece que, atendiendo a los votos particulares referidos habría sido posible una resolución contraria a la nulidad de la Ley catalana, resulta fundamental que, ahora que suenan campanas de reforma constitucional, se introduzca alguna referencia a la protección animal que sirva de base jurídica para poder resolver futuros conflictos a favor de los intereses de los animales.