Crónica del debate económico

Lunes 13 de Junio de 2016
Comparte y dispara Facebook Twitter
Objetivo Economía: el debate clave
Objetivo Economía: el debate clave

Si hubiera que escoger un tema que sirviera de contexto para entender casi cualquier intervención en el debate de este domingo sobre economía en LaSexta, ese sería el crecimiento. Por un lado, la controversia sobre sus causas y su calidad. Por otro, la capacidad para mantener el nivel de crecimiento, reducir el desempleo y cumplir con el objetivo de déficit.

Luis De Guindos defendió la tesis del gobierno en funciones de que las exigencias de reducción del déficit son compatibles con el aumento de la recaudación que generaría mantener la senda de crecimiento sostenida durante el último año. Sólo un gobierno del Partido Popular, afirmó, será capaz de generar la confianza y credibilidad necesarias para que el crecimiento se mantenga, cifrando en cualquier cambio de gobierno la causa del más que previsible incumplimiento. La discusión sobre si Bruselas impondrá finalmente una sanción a España pudo ser el momento del debate para introducir los problemas del modelo europeo. Sin embargo, no pasó de retratar la distinta confianza de unos y otros respecto a la capacidad del ciclo económico y las reformas actuales para garantizar por sí solos el crecimiento económico necesario para cumplir con la Comisión Europea. Lo que De Guindos no mencionó, y no supieron traer a colación el resto de partidos, es que la confianza y credibilidad que despierta la economía española en la actualidad se debe en su práctica totalidad al cambio en la política monetaria protagonizada por el Banco Central Europeo (BCE), que ha ocasionado un conflicto entre el gobierno alemán y la entidad que representa uno de los principales riesgos internos del sistema euro. En pocas palabras, que debatir sobre el riesgo sistémico que ocasionaba España en 2012, como mencionó De Guindos, o la confianza que los inversores tienen en ella en la actualidad depende fundamentalmente de la relación entre los tiempos del ciclo español y los del resto de Europa.

Como consecuencia del crecimiento, la sostenibilidad del sistema de pensiones ocupó otro espacio entero del programa, en el que volvieron a repartirse las culpas sobre la incapacidad para asegurar las pensiones en el futuro. No se plantearon propuestas radicales de reforma, y el debate encalló en la constatación de un problema demográfico que el Partido Popular no parece ver esté relacionado con la desigualdad, tal y como le recordó Alberto Garzón. La realidad no es la de la insostenibilidad pública del sistema de pensiones, sino la incapacidad de la economía española para financiar las necesidades de una población dependiente en crecimiento con una proporción de trabajadores en disminución, cuanto menos, relativa. Una privatización del sistema de pensiones no hace más que cambiar formalmente la carga de los derechos y las obligaciones, pero no impide que las cotizaciones a la seguridad social, en el caso de un sistema público, o la rentabilidad de los fondos de pensiones, en el caso privado, tengan que sostener la realidad macroeconómica de una población dependiente cada vez más importante. La contraposición público y privado aquí no responde al problema, y el debate no podía ofrecer ninguna solución.

El problema del desempleo estructural estuvo presente en todo momento como un problema subsidiario al ritmo de crecimiento, el sistema educativo y a las debilidades del modelo productivo. Siendo la preocupación central de la ciudadanía tenía que estar presente, pero ni hubo compromisos fuertes, carne de hemeroteca, ni una propuesta que se alejara de los estímulos macroeconómicos ni de las reformas legislativas. Mientras que el PP o Ciudadanos revalidan su apuesta por la reducción de las dificultades tributarias y administrativas a la contratación, el PSOE rescató ya al inicio la importancia de la negociación colectiva, y Unidos Podemos asumió la necesidad de generar estímulos de gasto y programas de inversión pública. Se echó en falta un diagnóstico histórico que permita entender, por ejemplo, por qué en 1978 la tasa de desempleo en España estaba alrededor del 3% y unos años después cerca del 20%.

El énfasis en la cualificación de los trabajadores, que volvió a destacar Ciudadanos, no dejó de estar presente como el remedios estructurales al desempleo. Ocurre, sin embargo, que la causalidad entre trabajadores mejor preparados y nuevos empleos no sólo no se cumple, en caso contrario no tendría sentido que jóvenes españoles encontraran trabajo cualificado en Londres o Toulouse, sino que equivoca el debate de la cualificación en dos aspectos centrales. Primero, que la empleabilidad no depende de competencias específicas que sea difícil o imposible adquirir en el puesto, principalmente porque en la mayoría de los empleos ocurre precisamente lo contrario, sino de competencias generales que hace más versátiles a los trabajadores. El problema económico del sistema educativo cambia sustancialmente si el problema de la preparación no es sinónimo de especialización. ¿Hay un trabajador menos flexible y con menos probabilidades de sobrevivir a los cambios estructurales que aquél educado para una sola tarea? Segundo, porque la cualificación de los empresarios es tanto más importante. Recientemente se han sumado voces de alarma respecto a las pobres competencias generales y específicas del empresariado (véase el informe del Banco de España) y sobre la cada vez menor utilidad de los famosos MBA para la formación de los administradores de empresas, esa rama de la burocracia en el sector privado nunca calificada como tal.

La acumulación de capital humano en este caso funciona como un fetiche. El encargado de economía en Ciudadanos, Luis Garicano, insistió, además, que una administración transparente y lo menos densa posible ayudará a que trabajadores mejor cualificados sean capaces de llegar a las actividades del futuro. El problema con esta propuesta es que, como todos los fetiches, permite negar la realidad. Más educación y menos burocracia resulta un estandarte, sin duda, menos agresivo que el de más gasto público y más igualdad, pero no deja de ser una propuesta vacía y un principio de intervención sin límite. No aporta nada más que la posibilidad de justificar los cambios necesarios para ganar en flexibilidad en el mercado de trabajo, sin ninguna reflexión de fondo sobre las causas del crecimiento y el empleo. En este caso, las propuestas de Garicano están en sintonía con el Banco Mundial más que con el FMI. No sin cierta razón, entiende los problemas de la economía española en las coordenadas de la consultoría del desarrollo. Si bien la calidad institucional es fundamental para el desarrollo, ésta sólo surte algún efecto cuando es puesta al servicio de la transformación de la estructura económica de un país.

Sin embargo, sobre esta cuestión, Ciudadanos y Partido Popular, dentro de un enfoque liberal coherente, afirmaron que es la iniciativa privada y la evolución de la economía europea y mundial la que tiene que producir el cambio de modelo productivo. Asumen la enorme importancia de este hecho, pero asisten pasivamente a las transformaciones de la división internacional del trabajo.

Por el contrario, el candidato de Unidos Podemos, en su intervención inicial, apuntó al elemento central de diagnóstico: bajo la misma legislación laboral y una tasa de desempleo en el conjunto de España del 21,2%, en el País Vasco la misma fue del 13,8, en la Comunidad de Madrid fue del 16% y en Extremadura y Andalucía del 28,5% y el 31,7% respectivamente. Estas diferencias, atribuibles a diferentes aspectos, dependen menos de la facilidad para crear empresas y las diferencias tributarias que de la anatomía productiva. Garzón acertó al señalar la necesidad de contar con un plan de transformación del modelo productivo, y de concederle una importancia central a la Innovación y Desarrollo (I+D), pero no compuso ni un cuadro sólido con un mínimo de detalle de las medidas a implementar para dirigir el modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido, ni corrigió el enfoque de fondo sobre lo que es un modelo productivo. No se trata únicamente de que la estructura productiva española se diversifique y mejore su productividad, sino que se garantice la intervención pública en áreas de innovación descuidadas, y que se apoye con reformas institucionales y de aumento de gasto tanto a las industrias que compiten internacionalmente como a las que abastecen la demanda interna. Otro concepto de producción para ganar las críticas al énfasis en la redistribución.

La crítica pendiente de la desigualdad no es que sea perjudicial para el crecimiento a largo plazo, sino que los diferentes grados de desigualdad configuran sistemas de gasto que dan como resultado especializaciones diversas y modelos productivos bien distintos. ¿Qué necesitan los ciudadanos para llevar una vida digna? Son esas industrias a las que hay que dar rentabilidad y a las cuales hay que asegurar los frutos de la competitividad exterior. Las propuestas de empleo garantizado y de renta básica estuvieron ausentes del debate. No se discutió ni en un esquema garantista ni de aplicación quirúrgica, tampoco en relación al cambio de modelo productivo, donde hubiera permitido una discusión ambiciosa sobre el papel del Estado en la corrección de desequilibrios estructurales distintos del exceso de déficit y rigidez del mercado laboral.

El debate ha sido otra ocasión que evidencia que la tentación keynesiana en la que viven los partidos de izquierda o progresistas en la actualidad es singularmente dañina. No porque el enfoque sea incorrecto, si por ello se entiende una forma de comprender el proceso económico en base a la incertidumbre y los vasos comunicantes del gasto, sino porque es inmediatamente impracticable dentro del sistema político europeo actual, y porque, en consecuencia, desvía la atención de las preguntas más difíciles y sustantivas.

Las críticas a Garzón como representante de Unidos Podemos se centraron en buena medida en el fracaso de las políticas de Syriza en Grecia y el incumplimiento de sus promesas electorales, inciden sobre el problema de un sistema político europeo que se resiste a cualquier cambio, por eficiente que pudiera resultar para resolver algunos problemas económicos de los distintos países europeos, por el solo motivo de que se sostiene en un conflicto de intereses. Antes que un déficit democrático, tiene un déficit de desarrollo estatal que impide en la actualidad cualquier concierto de las distintas políticas y situaciones económicas. Garzón tendría que haber llamado la atención sobre el hecho de que Syriza no tenía margen político, ni financiero, para que sus propuestas se demostraran su capacidad para beneficiar al conjunto de los europeos, de paso que aliviara la pobreza y el desempleo en su país. Sin embargo, esto habría implicado la aceptación tácita del límite estratégico de las propuestas electorales más ambiciosas de Unidos Podemos, las más efectivas porque son las únicas que responden a las demandas ciudadanas.

Podemos pensar en la capacidad de estas políticas para generar empleo hoy en día, y no dejan de ser adecuadas en determinadas condiciones sobre la base de una elección respecto a los grupos sociales beneficiados y perjudicados. Lo que resulta menos controvertido es que la progresiva integración económica internacional pone límites muy severos a la implementación de políticas de estímulo independientes unas de otras. Si el gasto público o privado decide aumentar fuertemente, pero una proporción creciente de este gasto se dedica a importaciones sin un aumento de las exportaciones, la economía comenzará a generar tensiones fiscales y financieras que darán al traste con la operación. Si gastamos más en bienes importados, el aumento del gasto inicial se trasladará a un aumento de los ingresos de empresas extranjeras que no tributan en nuestro país, de modo que el efecto virtuoso que se esperaba de un aumento de los ingresos seguido indirectamente de un aumento del gasto público o privado no se concretará. La descomposición fiscal es el negativo de la colisión entre la integración comercial y los intereses nacionales en política económica.

El déficit exterior es, por tanto, el desequilibrio macroeconómico fundamental, no el gasto público. Un grado dado de globalización impone un límite a aquella tentación. La alternativa, sin embargo, es un tanto cruda. En lugar de ser capaces de generar un cambio radical de nuestras perspectivas de bienestar por una ruptura discursiva o de alineamientos de intereses una vez lleguen nuevos actores a las instituciones, es necesario preguntarse qué margen de actuación existe en el marco institucional y productivo como para comenzar a trabajar al día siguiente de una votación parlamentaria exitosa. Si la tentación de las políticas liberales es la utopía de pensar que el crecimiento no requiere un cierto grado de derroche de recursos físicos y financieros, la tentación de las políticas de izquierda pasa por creer que se pueden conservar los aspectos beneficiosos del desarrollo económico actual sin sufrir sus consecuencias adversas. En el debate se ha podido ganar un palmo discursivo entre varias trincheras demoscópicas, pero se manifiesta una vez más la duda y la incapacidad para defender una política precisa y un cambio en la racionalidad de gobierno que escape, aun poco a poco, a los límites en los que se mueve el gobierno económico en la actualidad.