Migraciones: nuevo eje de la política de cooperación Europea

Lunes 13 de Febrero de 2017
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Villota
Foto: European Commission

La cuestión migratoria está hoy en lo más alto de la agenda política de la Unión Europea ‒ incluyendo también la agenda de la política de desarrollo ‒ lo que está alejando a esta última de sus objetivos fijados en los principios fundacionales de la Unión y en diversos acuerdos internacionales.

Con la adopción de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), se acordó internacionalmente facilitar la migración y la movilidad de las personas de manera segura, regular y responsable mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas y a respetar “plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a los refugiados y los desplazados”. Y es que la migración puede ofrecer oportunidades para el desarrollo tanto en los países de origen y los de tránsito como en los receptores, pues puede contribuir a la innovación, al crecimiento económico y al desarrollo de las personas, como demuestra el hecho que las remesas supongan, según el propio Banco Mundial, tres veces más que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a nivel global.

Sin embargo el discurso sobre cómo pueden las migraciones contribuir al desarrollo se ha convertido en marginal durante el último año, como demuestran la implementación de medidas restrictivas y la narrativa del miedo ‒ que actúa como caldo de cultivo a los sentimientos anti-inmigración. La política migratoria de la Unión Europea (UE) se enmarca de manera creciente, en lugar de en términos de derechos humanos, en términos de seguridad. Sorprende, o no, que mientras la dimensión de desarrollo de la migración esté perdiendo cabida, se incrementa de manera considerable las cantidades de AOD que la UE destina a frenar la migración. Acentuar el enfoque de seguridad sobre la cuestión migratoria no sólo no es una respuesta apropiada sino que contraviene el principio de coherencia de políticas para el desarrollo consagrado en el artículo 208 del Tratado de Lisboa.

La AOD para la externalización del control de fronteras

Desde la aprobación de las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2016, la gestión de flujos migratorios ha pasado a convertirse el eje principal de las relaciones de la UE con distintos países. Algunos ejemplos de ello son la iniciativa Europea para las Migraciones en el Cuerno de África (el llamado Proceso de Jartum), el acuerdo UE-Turquía o el más reciente acuerdo UE-Afganistán. Todos ellos pretenden, en última instancia, la externalización de la política de la UE del control de fronteras y de sus responsabilidades de protección establecidas en la propia Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU) y en los protocolos de Ginebra sobre refugiados.

Pese a que iniciativas como el acuerdo UE-Turquía hayan sido criticadas por diversas organizaciones por sus implicaciones negativas en lo relativo a los derechos humanos, la UE las considera un éxito. La Comisión Europea presentaba también en junio de 2016 el llamado “Nuevo Marco de Partenariado con terceros países” que busca redirigir instrumentos preexistentes de la cooperación al desarrollo hacía la política migratoria. De este modo, mediante incentivos negativos y positivos para frenar los movimientos de refugiados y migrantes en general hacia la UE, se condiciona la ayuda al desarrollo y las preferencias comerciales a la cooperación de terceros países en la gestión de flujos migratorios. Este tipo de condicionalidad, basada en el retorno, la readmisión y en la capacidad de los Estados de prevenir migraciones no debe de ser la base de nuestra política de cooperación al desarrollo. Los fines de la política de cooperación al desarrollo de la Unión están establecidos en los tratados de la Unión* y en los compromisos internacionales adquiridos en la materia, y no son otros que la erradicación de la pobreza y la promoción de los ODS.

*Artículo 21 del Tratado de la UE y Artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ambos Tratados pueden consultarse en este enlace.

La condicionalidad de la ayuda basada en retornos o readmisiones mina los principios fundamentales de la eficacia del desarrollo que se vienen desarrollando desde la Conferencia de París de la OCDE en 2005 y han continuado fortaleciéndose en el seno del Partenariado Global para la Eficacia del Desarrollo creado en la Reunión de Alto Nivel de Busan en el 2011. Se trata de las líneas maestras para que la política y los recursos para el desarrollo sean realmente efectivos. Entre estos principios destaca el de apropiabilidad democrática por parte de los Estados terceros, por el cual las políticas de desarrollo sólo pueden tener éxito si son lideradas por los propios países en desarrollo, implementando propuestas adaptadas a las situaciones y necesidades específicas del país. Asimismo el principio de alineamiento establece que la política de desarrollo debe alinearse con las estrategias de desarrollo nativas en aras de alcanzar partenariados justos. En suma, la condicionalidad que está imponiendo la Unión Europea, junto con la falta de consulta con los países terceros y sus comunidades, contravienen el ODS número 16 que subraya la importancia de crear una buena gobernanza y promover sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. Por todo ello, la UE se encuentra inmersa en una creciente tendencia a contravenir los objetivos de la política de desarrollo recogido en sus propios tratados.

El sector privado, la cooperación y la cuestión migratoria

La UE también está incrementando el uso de instrumentos que involucran al sector privado en su política migratoria. En los últimos años la UE viene considerando de manera creciente que el sector privado tiene un rol importante a la hora de alcanzar los ODS. Se está intentando, cada vez más, fortalecer los vínculos entre este sector y el desarrollo a través de instrumentos como el apalancamiento de inversión privada a través de recursos públicos (blending) o los partenariados público-privados (PPPs). En ambos caso se emplean fondos públicos, AOD concretamente, a modo de garantía para atraer al sector privado allá donde supuestamente habría riesgos que ahuyentarían esa inversión. En estos casos es esencial asegurar la adicionalidad tanto financiera como en materia de desarrollo sostenible de estas prácticas para evitar el coste de oportunidad que estas suponen para otras acciones de eficacia demostrada como puede ser, por ejemplo, el apoyo presupuestario. Es decir, la colaboración con el sector privado en el desarrollo a través del blending o los PPPs solo sería efectiva cuando se demostrase no sólo que esos programas tendrían un efecto positivo en términos de reducción de pobreza y de los ODS, sino también cuando se pueda asegurar que esa inversión privada jamás sucedería sin el apalancamiento de recursos públicos, siendo este último caso altamente arduo de demostrar. En cualquier caso, es sabido que en ausencia de marcos legales adecuados, que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades de las empresas transnacionales, existe un gran riesgo de minar el desarrollo sostenible y los derechos humanos en lugar de fortalecerlos. Por ello, es fundamental atender a los riesgos que la acción del sector privado en el desarrollo tiene en relación a los derechos, la dignidad de la gente y al medio ambiente; respetando también los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las NNUU como única garantía contra la impunidad empresarial.

En este sentido, la UE está desarrollando un nuevo Plan Europeo para la Inversión Exterior (EU External Investment Plan) que dice pretender hacer frente a las causas-raíz de la migración, entendiendo nuevamente la migración como un problema y no reconociendo sus potencialidades para el desarrollo. El Plan Europeo para la Inversión Exterior debería centrarse en reducir la necesidad de la gente a verse forzada a migrar, no en reducir las migraciones per se. En cualquier caso debemos de ser escépticos ante el uso de AOD para apalancar inversión privada con el fin de reducir las causas-raíz de la migración forzosa. Los motivos de la migración forzosa son diversos, y van desde el cambio climático, los conflictos, las persecuciones por cuestiones de pensamiento o de identidad de género hasta la merma de derechos sociales y laborales, y en muchos casos son una combinación de varios de estos factores.

Nos encontramos en un momento en el que la obsesión por la securitización y el blindaje de nuestra Europa es tal, que hasta la política de cooperación al desarrollo, que debería buscar la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la promoción de los derechos humanos; se instrumentaliza para afianzar la lógica de la “Europa fortaleza”. Esta dinámica no sólo acarrea la desatención a nuestros compromisos internacionales, también implica en ocasiones la violación de derechos humanos. Más que nunca debe apostarse por la defensa y promoción de la justicia global y el desarrollo sostenible, lo que implica la defensa de la propia esencia de la política de cooperación al desarrollo. De este modo se evitaría engañar al contribuyente a través de malversación en el uso de estos fondos públicos para objetivos espurios que, en última instancia buscan, ‒utilizando la cuestión migratoria‒ la promoción del discurso del miedo y la xenofobia a la par que la maximización del beneficio privado en detrimento de los intereses de la gente.

Carlos Villota

Asesor político GUE/NGL.