La honorabilidad de Cristina Cifuentes

Jueves 18 de Mayo de 2017
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Cristina Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aparece vinculada a la financiación ilegal del PP en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Los agentes señalan a Cifuentes como partícipe y conocedora del amaño en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. En contrapartida, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que lo habría empleado en la financiación de las campañas electorales del PP. Durante ese mismo periodo Cifuentes fue miembro de dicha fundación y del comité de campaña del Partido Popular.

Estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación continuada y cohecho. Tal y como apunta el informe, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid pertenecía simultáneamente al órgano de contratación de la Asamblea y al comité de expertos, y por otro lado al patronato de la Fundación Fundescam, así como al comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia vulnera el principio de imparcialidad de la mesa de contratación por lo que estaríamos ante una ilegalidad.

Tras los últimos meses, la presidenta ha tratado de distanciarse de los casos de corrupción de su partido e incluso presumía de su contundencia en la lucha contra la corrupción. No obstante, la Cristina Cifuentes que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción contrasta con el papel que ella misma ha desempeñado dentro del partido durante los últimos 30 años.

Cristina Cifuentes se afilió con solo 16 años a la extinta Alianza Popular. Desde 1991 fue diputada de la Asamblea de Madrid, hasta 2012 cuando fue nombrada delegada del Gobierno. En los últimos 26 años ha venido desempeñando cargos de responsabilidad dentro del PP de Madrid, los cuales la sitúan en las inmediaciones de los últimos casos de corrupción que han ido saliendo a la luz.

Parece poco probable que Cifuentes fuera ajena y desconocedora de los desmanes que se producían en su partido, especialmente en Madrid. Fundescam, fundación a la que pertenecía, habría sido la vía del Partido Popular de Madrid para recibir fondos opacos de la Trama Púnica. Pero este no ha sido el único caso. Durante el tiempo en que se cometieron las irregularidades en torno al Canal de Isabel II, investigadas en la operación Lezo, la actual presidenta era consejera del Canal.

Por otra parte, entre 2008 y 2015 Cifuentes presidía el Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, órgano encargado de vigilar que los cargos públicos del partido no estén implicados en casos de corrupción. Sin embargo cuando salen a la luz las tramas Gürtel y Púnica, la entonces presidenta del Comité no puso en marcha ninguna acción dirigida a la depuración de responsabilidades de los implicados en dichos casos.

Los sucesos sospechosos persiguen a Cifuentes más allá incluso de su carrera política en el Partido Popular de Madrid. Recientemente ofrecíamos un análisis de la nueva Ley de Universidades propuesta por la señora Cifuentes. La relación de Cifuentes con la Universidad viene de lejos, ya que simultaneó su carrera política con diversos cargos en la Universidad. Siendo alumna participó como representante estudiantil y promovió la candidatura a rector del Gustavo Villapalos, vinculado a AP, y con quien cultivó una profunda amistad. También entabló amistad con dos estudiantes, Jesús Calvo Soria (imputado en numerosos casos de corrupción, incluida la trama Gürtel) y Dionisio Ramos. Este sería el germen del “Clan de la Complutense”.

En 1990, obtiene una plaza como funcionaria en la Universidad Complutense y comienza su rápido acceso. Entre 1995 y 1999, ya dedicándose a la política de manera profesional, fue directora del Colegio Mayor Miguel Caro; para su nombramiento resulta clave el papel de su amigo Calvo Soria, entonces Gerente de la Complutense. A su vez, mientras Gustavo Villapalos era rector de la Complutense y Dionisio Ramos, vicegerente de obras, el marido de Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela, fue contratado como arquitecto para varias obras en facultades y colegios mayores. Con la victoria de Gallardón en las elecciones de 1995, Gustavo Villapalos se convierte en Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, y continúa esta incesante cadena de favores y amiguismos: Aguilar, fue nombrado director general de Patrimonio de la Comunidad por el Consejero Villapalos.

El ascenso de Cifuentes en la Universidad Complutense continua de manera meteórica, al convertirse en funcionaria de categoría A, es decir, Técnico Superior, en el año 2001: aunque estaba en su derecho de presentarse a dicha plaza, Cifuentes llevaba años legislando en materia de educación en la Comunidad de Madrid. Su labor política afectaba directamente a quienes compondrían el tribunal que habría de seleccionarla. Más allá de eso, el presidente del Tribunal que decidió sobre el ascenso de Cifuentes no fue el rector Puyol, sino su sustituto que no era otro que su amigo, Dionisio Ramos.

Cerrando el capítulo de su paso por la Universidad cabe mencionar que su marido, en 2015 (cuando ya había sido condenado al pago de 45.085 euros a un ex empleado de su estudio de arquitectura), fue contratado por una empresa afincada en un paraíso fiscal para diseñar la macro residencia de estudiantes El Faro en terrenos de la Complutense. Si bien la gerente de la universidad, Begoña Aísa, se desentiende de la contratación de Aguilar y dice que esta dependía únicamente de la empresa concesionaria, no deja de ser llamativa la estrecha amistad que existía entre Aísa y Dionisio Ramos.

Independientemente de la responsabilidad penal que puedan hallar los jueces en la actuación de la señora Cifuentes, parece evidente que su historial cuenta con algunos borrones sobre los que habría de rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas, ya que estos antecedentes ponen en cuestión su capacidad como representante de los madrileños.

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